Éstas ya no son filtraciones, ni rumores, ni dimes y diretes, ni murmuraciones, infundios o calumnias, no. Éstas son imputaciones penales hechas por un juez de instrucción nominatim a diversas personas aforadas y a otras que, no siéndolo, están ya en el trullo sin fianza. Ya se sabe que son imputaciones formuladas por el juez Garzón quien ha pasado de ser quintaesencia de la honrada judicatura y personificación misma de la independencia y la competencia judiciales a ser una especie de bolchevique sediento de sangre conservadora, genuflexo a las órdenes del PSOE, miserable chequista, "golfo" y "cabrón con pintas" según la derecha de toda la vida cuyo respeto por la independencia del poder judicial es análogo al que sienten por la vida amorosa de su perro y se acaba allí donde los jueces pretenden cumplir con su deber.
Por fortuna para todos esa oleada de improperios ese linchamiento moral del juez desde las baterías mediáticas y los chiringuitos conservadores tendrán el mismo efecto que una cerbatana contra un acorazado. La maquinaria de la justicia está en marcha, el proceso penal sigue su curso y el panorama que pintan los autos judiciales (no ya filtraciones o rumores, sino afirmaciones contundentes) pone los pelos de punta. La Comunidad Valenciana presidida por un Beau Brummel que, al parecer, se costeaba la figura de dandy mediante especies de potlatchs a que son tan aficionadas ciertas tribus del Pacífico, fiestas en las que todo el mundo se hace regalos al objeto de redistribuir la riqueza. Lo que sucede es que, siendo de derechas, estos redistribuyen la riqueza siguiendo el Evangelio según San Mateo (25, 29) y San Marcos (4, 25) cuando dicen que al que tiene se le dará y prosperará y al que no tiene se le quitará hasta lo que parece que tiene, versión sagrada del principio neoliberal de enriquecer a los ricos y empobrecer a los pobres porque así prosperamos todos. Y, no crean, hay gente que se toma esto en serio. O afirma que se lo toma en serio y otros que los votan.
El espectáculo de cobros de comisiones, contratas fraudulentas, desvíos de cuentas, concesiones irregulares, licitaciones a la remanguillé, etc no tiene pinta de ser una fabulación de la Dirección General de Conjuraciones dependiente del Ministerio del Interior, a las órdenes del taimado señor Rubacaba. Es real. La prosa del juez Garzón pone al descubierto una especie de lonja del mangoneo, el lugar en donde el sector privado del hampa (personificado supuestamente por el señor Correa) se relaciona con un sector público cuya ideología consiste como bien se sabe en privatizar todo lo público y cuya páctica reside en lo mismo y a pie de obra, como bien se ve.
Por descontado todos los imputados tienen derecho a la presunción de inocencia y en tanto no estén condenados en firme son considerados inocentes, aunque unos inocentes sui generis por cuanto es obvio que uno no espera ver a un inocente -si el señor Correa lo fuera- entre barrotes porque sí o porque esté más guapo. Y quienes con ellos tropiezan son presuntos imputados en sus presuntas tramas delictivas que abarcan una copiosa red ciudadana con responsables políticos de los ayuntamientos ricos del Noroeste, Pozuelo, Majadahonda, Boadilla del Monte todos del PP, faltaría más, todos con rolex, polos de Lacoste y náuticos de Giannino Culi (una marca que acabo de inventarme pero suena muy verosímil) y todos, según parece, dedicados al trinque.
Y en Madrid, parecido horizonte penal con algún consejero de la Comunidad de esos que si no está espiando a los miembros de su propia familia es porque está conduciendo una moto de fórmula 1 para repartir folletos de jardines.
El juez Garzón se ha inhibido en favor de los Tribunales Superiores de la Comunidad Valenciana y de Madrid. Es de esperar que si, como parece, los magistrados del valenciano son muy amigos del señor Camps, principal imputado, se abstengan en la causa. No dudo de que así será, aunque sospecho que el señor Camps cree que puede poner a los jueces a su servicio como, según dicen las malas lenguas, tiene el señor Fabra a los suyos de forma que la instrucción ya dura más de cuatro años sin que haya fecha para la vista oral a la espera de que los delitos prescriban
Y eso porque está aforados. Nadie parece cuestionar esta condición del aforamiento. Sin embargo es perfectamente cuestionable porque rompe el principio de igualdad ante la ley y crea un privilegio a favor de los diputados que pueden, incluso, negar a los jueces competencia para perseguir penalmente a uno de los suyos rechazando el correspondiente suplicatorio. No es que crea que si hay un suplicatorio para procesar al señor Camps éste vaya a movilizar a las Cortes valencianas pidiéndoles que no lo concedan. Y digo que no lo creo porque supongo que antes la dirección nacional de su partido, a tono con los propósitos formulados hace dos días por el señor Rajoy, forzará su dimisión.
En fin, no quiero extenderme mucho pero ¡vaya tropa!
Publicado por Ramón Cotarelo en Palinuro.
